En apenas seis meses, 910 particulares presentaron demandas en los juzgados de Vigo contra sus acreedores por supuestos abusos en préstamos, tarjetas e hipotecas. Las reclamaciones por créditos con intereses considerados usurarios crecieron un 30% respecto al mismo periodo del año anterior. El patrón se repite en otras ciudades españolas: más consumidores conocen sus derechos, más llevan a sus acreedores a juicio, y muchos ganan. Pero cobrar lo que el juez les reconoce es, con frecuencia, otro asunto.
Los datos: 611 demandas por intereses usurarios en seis meses
De esas 910 demandas ciudadanas registradas entre enero y julio de 2026 en Vigo, 299 correspondieron a hipotecados que reclamaban cantidades pagadas de más —gastos de notaría, cláusulas suelo— al contratar su préstamo hipotecario. Pero el bloque mayor, 611 particulares, impugnó directamente los intereses de sus créditos al consumo, tarjetas revolving y microcréditos y préstamos rápidos por considerarlos usurarios.
Ese incremento del 30% no es accidental. Las sentencias del Tribunal Supremo de los últimos años han ido precisando cuándo un tipo de interés es «notablemente superior al normal del dinero» y, por tanto, susceptible de ser declarado nulo. El criterio hoy es claro: se compara la TAE del contrato con el tipo medio de los créditos al consumo publicado por el Banco de España en la fecha de la firma, y la carga de justificar un tipo muy elevado recae sobre el prestamista.
Ganar el juicio es solo la primera mitad del camino
El problema que señalan los juzgados y las organizaciones de consumidores no está en las sentencias, sino en lo que viene después. Cuando una financiera o un banco es condenado a devolver las cantidades cobradas por encima del capital, la ejecución de esa resolución puede convertirse en un proceso largo y costoso.
Las entidades financieras tienen a su disposición el recurso de apelación, y muchas lo utilizan no necesariamente para cambiar el fondo del asunto, sino para retrasar el momento en que deben pagar. En casos resueltos recientemente por la Audiencia Provincial, los demandantes han visto cómo la sentencia les daba la razón —anulando por usurario el contrato de tarjeta de crédito de WiZink Bank o el préstamo de Cofidis— pero las costas y la ejecución de la condena se diluían en fases adicionales del proceso.
Lo que dice el Tribunal Supremo: Declarada la nulidad del contrato por usurario, el prestatario solo está obligado a devolver el capital dispuesto. El prestamista debe restituir todo lo cobrado por encima de ese principal, más los intereses legales correspondientes.
Qué tipo de créditos concentran más demandas
Las tarjetas revolving siguen siendo el producto más reclamado, por la combinación de tipos altos —el tipo medio de las tarjetas de pago aplazado se sitúa en torno al 18,26%, según el Banco de España— y la estructura de amortización, que hace que la deuda se reduzca lentamente. También generan litigios los préstamos de consumo contratados hace varios años con tipos fijos muy superiores al mercado de la época.
Los microcréditos y créditos rápidos, cuyas TAE pueden superar el 300%, dan lugar a demandas más pequeñas en importe pero crecientes en número. Aquí el argumento usurario es más sencillo de construir, porque la distancia entre la TAE del contrato y el tipo medio de referencia suele ser muy amplia.
Qué puedes hacer si crees que tu crédito es usurario
El proceso empieza por recuperar el contrato original, la información normalizada europea entregada antes de la firma y los justificantes de pago. Con esos documentos, el cálculo es directo: identificar la TAE firmada y compararla con el tipo medio de los créditos al consumo publicado por el Banco de España para esa fecha.
Si la diferencia es significativa, el primer paso es presentar una reclamación ante el servicio de atención al cliente de la entidad, que en crédito al consumo tiene un mes para responder. Si no hay resolución satisfactoria, cabe acudir al Banco de España —siempre que la entidad esté supervisada por él— o recurrir directamente a los tribunales.
El aumento del 30% en reclamaciones sugiere que más consumidores están dando ese paso. Y las sentencias recientes confirman que los tribunales les están dando la razón con mayor frecuencia. El reto que queda, como en Vigo, es que esa razón se convierta también en dinero devuelto.
