La Comisión Europea ha enviado un dictamen motivado al Gobierno español con un plazo de dos meses para completar la transposición de la Directiva (UE) 2023/2225 sobre créditos al consumo. Si España no cumple, Bruselas elevará el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) con posibilidad de sanciones económicas. La fecha clave es el 20 de noviembre de 2026, cuando las nuevas reglas deben entrar en aplicación.
Un tope del 22% para créditos de alto coste y tarjetas revolving
El anteproyecto de Ley de Contratos de Crédito al Consumo, aprobado en enero por el Consejo de Ministros, establece un límite temporal del 22% para los costes de determinados créditos de alto coste y las tarjetas revolving. Ese porcentaje afectará tanto a los nuevos contratos como al stock existente de revolving, un producto que acumula años de controversia judicial por sus tipos abusivos.
Posteriormente, el límite general se fijará de forma periódica y será decreciente en función del importe del préstamo. La idea del Ejecutivo es que los créditos más pequeños, donde el riesgo de sobreendeudamiento es mayor, soporten cargas proporcionadamente más bajas.
Régimen específico para microcréditos: interés mensual al 4%
La norma más contundente afecta a los microcréditos y préstamos rápidos. El anteproyecto plantea limitar el interés mensual al 4% y la comisión de apertura al 5%, con un tope máximo de 30 euros para esta última. Son cifras muy inferiores a las que manejan muchas entidades del sector: en 2026, algunos microcréditos superaban TAE del 3.000%, según datos recogidos por la jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo.
Dato clave: La STS 366/2026 del Tribunal Supremo confirmó en marzo que los microcréditos están sometidos al mismo control de usura que las tarjetas revolving. El interés se compara con los tipos medios del Banco de España, no con las tarifas de otras empresas de microcréditos.
Más protección para el «compra ahora y paga después»
La reforma amplía el ámbito de protección a nuevas formas de financiación que hasta ahora quedaban en un vacío regulatorio. Los sistemas de «compra ahora y paga después» (BNPL) y determinados créditos de bajo importe pasarán a estar supervisados bajo las mismas reglas de transparencia y evaluación de solvencia que el crédito bancario tradicional.
El anteproyecto también prevé una mayor supervisión de los prestamistas no bancarios, esas entidades de crédito online que operan al margen de la banca convencional y que representan una parte creciente del mercado de financiación rápida en España.
16 países en el punto de mira de Bruselas
España no está sola en el banquillo. La Comisión Europea ha enviado dictámenes motivados a otros 15 Estados miembros —Bulgaria, República Checa, Estonia, Irlanda, Francia, Croacia, Chipre, Letonia, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía y Eslovenia— por no haber comunicado la transposición completa de la directiva.
El plazo original venció el 20 de noviembre de 2025. En enero de 2026, Bruselas abrió procedimientos de infracción contra 23 países. Varios han avanzado desde entonces, pero España y otros 15 siguen sin haber completado la adaptación normativa. El anteproyecto español lleva meses atascado: aprobado en primera vuelta, aún pendiente de segunda vuelta definitiva en el Consejo de Ministros.
«La directiva establece un marco común para reforzar la protección de los consumidores, mejorar la información sobre los préstamos y garantizar unas condiciones más transparentes en el mercado del crédito.»
Qué significa esto para el consumidor español
Si la ley sale adelante con los límites previstos, un microcrédito de 300 euros a 30 días ya no podrá cobrar más de 12 euros de intereses (4% mensual) ni más de 30 euros de comisión de apertura. Sobre las tarjetas revolving, el tope del 22% obligará a renegociar contratos vigentes y a ajustar las condiciones de las nuevas emisiones.
La norma también refuerza las obligaciones de información precontractual y publicidad. Los prestamistas deberán ofrecer comparativas claras antes de la contratación y evaluar de forma efectiva la capacidad de pago del cliente, no limitarse a una comprobación formal. El objetivo declarado es evitar que productos diseñados para urgencias financieras generen ciclos de sobreendeudamiento entre los consumidores con menor capacidad económica.
El reloj corre. Noviembre está a seis semanas y la Comisión Europea ya ha dejado claro que no concederá más prórrogas.
