La Comisión Europea ha apretado las clavijas. Bruselas ha enviado este octubre un dictamen motivado a España con un mensaje claro: disponéis de dos meses para completar la transposición de la Directiva (UE) 2023/2225 sobre contratos de crédito al consumo, o el caso acabará en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea con sanciones económicas sobre la mesa. El reloj corre, y los consumidores españoles esperan.
El aviso no es nuevo —el plazo original expiró el 20 de noviembre de 2025—, pero ahora la presión se intensifica. España forma parte de un grupo de dieciséis Estados miembro que aún no han comunicado la adaptación completa de la norma. El Gobierno aprobó en enero el anteproyecto de Ley de Contratos de Crédito al Consumo, pero el texto sigue pendiente de segunda vuelta en el Consejo de Ministros.
Qué cambia para los microcréditos y los préstamos de alto coste
El anteproyecto español va al grano donde más duele: los productos de financiación más caros del mercado. Para los créditos rápidos y las tarjetas revolving, el Ejecutivo plantea un límite temporal del 22% en los costes del crédito. Después, ese tope se revisará periódicamente y se irá reduciendo según el importe del préstamo.
En el caso específico de los microcréditos y préstamos de alto coste, las reglas son aún más estrictas. El interés mensual no podrá superar el 4%, y la comisión de apertura se limita al 5% con un tope máximo de 30 euros. El objetivo es frenar situaciones de sobreendeudamiento que afectan especialmente a los consumidores con menor capacidad económica.
Dato clave: Los tribunales españoles ya han anulado en 2026 microcréditos con TAE del 3.112% y del 4.036%. El Supremo confirmó en marzo que estos productos están sometidos al mismo control de usura que las tarjetas revolving.
La reforma amplía el paraguas de protección
La normativa no se queda solo en los microcréditos tradicionales. La reforma extiende la protección a nuevas formas de financiación que han crecido con fuerza en los últimos años: los sistemas de «compra ahora y paga después» (buy now, pay later) y determinados créditos de bajo importe que hasta ahora operaban en un vacío regulatorio.
Además, el anteproyecto introduce una mayor supervisión de los prestamistas no bancarios —esas entidades que no son bancos pero que conceden crédito al consumo— y refuerza las obligaciones de evaluación de solvencia. Antes de conceder un préstamo, la entidad deberá comprobar de forma efectiva que el consumidor puede hacer frente al pago.
Transparencia: comparar antes de firmar
La directiva europea pone el foco en la información previa al contrato. La idea es sencilla: antes de firmar, el consumidor debe saber cuánto va a pagar, con qué tipo de interés y qué comisiones se aplican. La normativa refuerza las obligaciones de información y publicidad para que las comparaciones entre ofertas sean reales y no un ejercicio de confusión.
La CNMC ha valorado positivamente la reforma, aunque ha recomendado suavizar las barreras de entrada para nuevos operadores y basar los límites de precios en análisis reales del mercado español, no en umbrales genéricos.
El calendario apremia
Las nuevas reglas europeas están previstas para aplicarse desde el 20 de noviembre de 2026. Si España no culmina la transposición antes de esa fecha, la Comisión podrá elevar el caso al TJUE y solicitar sanciones. El procedimiento de infracción abierto en enero con cartas de emplazamiento a 23 Estados miembro ya ha avanzado: varios países han adaptado su legislación, pero España sigue entre los dieciséis que no han completado el proceso.
Para los consumidores españoles, la reforma significa un cambio de reglas que llevaba años gestándose. Quienes tienen o han tenido un microcrédito con intereses desproporcionados podrán acogerse a las nuevas protecciones. Y quienes estén pensando en solicitar uno lo harán con información más clara y techos de coste que antes no existían.
