El Ministerio de Economía ha colocado dos grandes proyectos regulatorios en el centro de su agenda para el otoño de 2026: la Ley de contratos de créditos al consumo y la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero. Ambos llevan años sobre la mesa, pero el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, quiere cerrarlos antes de fin de año. Para los consumidores, el resultado podría ser más protección frente a microcréditos caros, tarjetas revolving y malas prácticas bancarias. Aunque no todo el mundo está convencido de que el resultado final sea tan favorable como parece.
El arranque de septiembre ha dejado clara la urgencia del tema: el saldo vivo de créditos al consumo en España alcanzó los 121.600 millones de euros en julio, un récord histórico. Solo en junio, coincidiendo con la preparación de las vacaciones de verano, el saldo creció en 2.270 millones de euros, un 5,3% más que el mes anterior.
La ley de crédito al consumo lleva meses esperando el visto bueno parlamentario
El anteproyecto de Ley de contratos de créditos al consumo fue aprobado en Consejo de Ministros en enero de 2026. Transpone las directivas europeas sobre financiación al consumo e introduce por primera vez en España topes a los tipos de interés que pueden cobrar bancos, financieras y plataformas digitales.
El esquema de límites propuesto funciona así: para créditos de hasta 1.500 euros, la TAE máxima será del 22% hasta que entren en vigor los tramos definitivos. Para préstamos entre 1.500 y 6.000 euros, el tope transitorio es el mismo, pero los tramos finales lo reducirán al 17%. Los microcréditos, que suelen rondar los 300 euros y plazos de entre 7 y 30 días, quedarán sometidos a un régimen específico: tipo de interés mensual máximo del 4% y comisión máxima del 5%, con un tope absoluto de 30 euros.
Ejemplo práctico: Un microcrédito de 300 euros a 30 días cuesta hoy un promedio de 103 euros. Con la nueva normativa, el coste máximo sería de 20 euros si se devuelve en un mes, o de 40 euros si se devuelve en tres meses.
La reserva de actividad es otro de los puntos clave: solo podrán conceder créditos al consumo entidades autorizadas y registradas por el Banco de España. Eso incluirá a plataformas digitales, prestamistas de préstamos rápidos y entidades de crédito online que hasta ahora operaban fuera de ese marco regulatorio.
La Autoridad de Defensa del Cliente Financiero: reclamar sin abogado
El segundo gran proyecto es la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, un organismo que unificará las reclamaciones que hoy gestionan por separado el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP).
Según el diseño del Ministerio, este organismo resolverá los conflictos entre consumidores y entidades financieras en un plazo máximo de 90 días, de forma gratuita y sin necesidad de acudir a los tribunales cuando la reclamación sea inferior a 20.000 euros. Sus resoluciones serían vinculantes para las entidades.
La idea lleva en el Parlamento desde 2022, pero nunca ha llegado a aprobarse. El sector bancario ha mostrado recelos, en parte porque sus resoluciones vinculantes elevan el riesgo de que cualquier reclamación prospere de forma automática. El Gobierno quiere retomar el trámite parlamentario en septiembre.
Las dudas de las organizaciones de consumidores
No todos los actores son optimistas. Desde Asufin, la Asociación de Usuarios Financieros, celebran la trasposición de la directiva europea, pero advierten de un riesgo en la implementación práctica: que la normativa acabe permitiendo tipos de interés más altos para créditos personales ordinarios al equipararlos con los topes máximos de las tarjetas revolving.
La presidenta de Asufin, Patricia Suárez, lo resume así: si el límite se fija tomando como referencia los tipos máximos de las tarjetas revolving —que pueden estar al 18% o el 20%—, un banco que ofrezca un crédito personal ordinario al 14% quedaría dentro de la norma, cuando antes ese tipo habría sido claramente abusivo frente a la media del mercado. El resultado podría ser, paradójicamente, una subida generalizada del coste del crédito para el consumidor medio.
El otoño legislativo dirá si el Gobierno logra aprobar ambas normas y en qué forma final llegarán al ciudadano.
