¿Has recibido alguna vez una tarjeta de crédito que no pediste? ¿O un aviso de que tu límite ha subido sin haberlo solicitado? Con el anteproyecto de Ley de Contratos de Crédito al Consumo que el Gobierno quiere cerrar antes de fin de año, esas prácticas tendrán fecha de caducidad legal. El texto ya está aprobado en primera fase; ahora espera el visto bueno parlamentario para convertirse en norma vinculante.
Qué prohíbe exactamente el anteproyecto
El texto promovido por el Ministerio de Economía, con Carlos Cuerpo como responsable, establece una prohibición clara en el artículo referente a la concesión de crédito: queda prohibida toda concesión de crédito a los consumidores que no hayan solicitado previamente y sin su consentimiento expreso.
La medida pone fin a dos prácticas comunes que han generado reclamaciones durante años. La primera es el envío de tarjetas de crédito preactivadas a clientes que no las pidieron. La segunda es la ampliación unilateral del límite de crédito de una tarjeta existente, hecha por iniciativa del banco sin que el titular lo haya solicitado.
El anteproyecto no impide que los bancos sigan haciendo ofertas. La diferencia es que una oferta de crédito preautorizado no puede convertirse en financiación efectiva hasta que el cliente la acepte expresamente. El banco puede informar de que tienes disponible una línea de crédito; no puede activarla por su cuenta.
Las tarjetas revolving y los nuevos límites de transparencia
El anteproyecto dedica una atención especial a las tarjetas revolving, un producto que ha acumulado cientos de reclamaciones judiciales en la última década por sus tipos de interés elevados. El texto introduce límites al coste de determinados créditos, nuevas obligaciones de transparencia para las entidades y un mecanismo reforzado de información precontractual que obliga a explicar de forma comprensible cómo funciona el sistema de amortización.
Las tarjetas revolving funcionan acumulando intereses sobre el saldo pendiente en lugar de cobrar una cuota fija. Si solo se paga el mínimo cada mes, la deuda puede prolongarse durante años con un coste real muy superior al tipo anunciado. El anteproyecto obliga a que el cliente entienda este funcionamiento antes de firmar, no después.
Si tienes una tarjeta de este tipo y crees que la información precontractual fue deficiente, la vía de reclamación pasa por el servicio de atención al cliente de la entidad. Si no resuelve, el Banco de España puede actuar a través de su Portal del Cliente Bancario. Las sentencias del Tribunal Supremo sobre comisiones abusivas en préstamos personales también abren vías de reclamación en casos concretos.
Plataformas digitales de crédito, bajo la lupa del Banco de España
Uno de los cambios con mayor alcance práctico es la extensión del perímetro regulatorio. El anteproyecto obliga a que todas las entidades que concedan crédito al consumo en España estén autorizadas y registradas por el Banco de España. Eso incluye a plataformas digitales, fintech de crédito rápido y prestamistas online que hasta ahora operaban en un marco más difuso.
La reserva de actividad significa que quien quiera conceder un préstamo rápido online a un consumidor español tendrá que estar en el registro oficial del Banco de España. Si no está, la operación puede ser nula. Para el consumidor, esto añade una capa de protección que hoy no existe en todos los casos: antes de firmar cualquier crédito digital, conviene verificar en bde.es que la plataforma dispone de licencia oficial.
Lo que ya está vigente: el límite transitorio del 22 % TAE para nuevos créditos al consumo, aprobado por real decreto mientras el anteproyecto completo espera el visto bueno parlamentario. Los microcréditos de hasta 300 € quedan sujetos a este tope desde principios de 2026.
Cuándo entra en vigor y qué pasos quedan
El anteproyecto fue aprobado en Consejo de Ministros en enero de 2026 y transpone la Directiva europea UE 2023/2225, cuya aplicación obligatoria arranca el 20 de noviembre de 2026 para todos los estados miembros. El Gobierno tiene el objetivo de cerrar el trámite parlamentario antes de que finalice el año para no llegar a esa fecha sin el marco legal completo.
Hasta que la norma completa esté en vigor, el panorama para el consumidor es el siguiente. Los topes transitorios del 22 % TAE ya aplican a las nuevas operaciones. La prohibición de crédito sin consentimiento y la supervisión extendida del Banco de España sobre plataformas digitales serán exigibles en cuanto el texto sea publicado en el BOE como ley aprobada.
Si entre tanto recibes una tarjeta que no pediste o detectas una ampliación de límite que no solicitaste, tienes ya base para reclamar a tu entidad: el principio de que el crédito requiere consentimiento expreso es una exigencia del derecho europeo de consumo, independientemente de que el anteproyecto esté o no aprobado formalmente.
La prohibición de crédito sin solicitud expresa parece obvia en retrospectiva. Durante años, sin embargo, ampliar límites de tarjeta sin preguntarlo era práctica habitual en la banca española. La nueva normativa convierte ese consentimiento en un requisito legal con consecuencias reales. Hasta que llegue, conocer tus derechos actuales sigue siendo la primera línea de defensa.
