Cuando el Gobierno aprobó en enero el anteproyecto de ley para regular los créditos al consumo, el ministro Carlos Cuerpo presentó los topes de interés como una medida para proteger a los ciudadanos más vulnerables. Siete meses después, el resultado es el contrario al previsto: abaratar el acceso al crédito ha impulsado su demanda en lugar de reducirla. El saldo de créditos al consumo concedidos en España alcanzó los 121.600 millones de euros en julio, su nivel más alto registrado según los datos del Banco de España recabados por The Objective. El stock crece ya por encima del 12% interanual, con ritmos no vistos desde 2008.
121.600 millones en julio: récord tras récord
La escalada ha sido constante. En noviembre de 2025, cuando el Gobierno inició el proceso de audiencia pública para la futura norma, el saldo de créditos al consumo estaba en 114.648 millones. Desde enero de 2026, cuando el Ejecutivo aprobó el anteproyecto e impuso un tipo máximo transitorio del 22% para las nuevas operaciones, el saldo ha subido otros 7.000 millones. En cuatro años, desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, el stock ha crecido 30.000 millones de euros, un 33%, partiendo de los 91.000 millones de entonces.
El ritmo de las nuevas concesiones explica la acumulación. Las operaciones recientes superan o se acercan a los 4.000 millones al mes, una cadencia que no se había visto en la serie histórica desde 2008. Los bancos han sido conscientes del auge del segmento y vienen potenciando su posición: Unicaja negocia la adquisición de WiZink, y CaixaBank ha iniciado conversaciones para comprar Cetelem al francés BNP Paribas.
¿Por qué los topes de interés no han frenado la demanda?
La paradoja tiene una explicación técnica que los analistas señalaron en su momento: limitar el coste del crédito lo hace más accesible y, en un entorno de inflación elevada y pérdida de poder adquisitivo, aumenta la demanda. El IPC de agosto ha escalado al 4,3%, el más alto desde febrero de 2023, y muchas familias están recurriendo a la financiación para cubrir gastos que antes cubrían con el salario.
Un dato ilustra el cambio de comportamiento: ya una de cada seis operaciones de crédito al consumo —el 16,6%— va destinada a costear vacaciones, frente al 9,9% que suponía hace tres años. La financiación ha dejado de ser un recurso para compras puntuales de valor alto y se ha convertido en un mecanismo habitual para sostener el nivel de vida frente a la subida de tipos del BCE y el encarecimiento generalizado.
«Un peso importante de las concesiones corresponde a préstamos de pequeño volumen y alto coste. Por ello, se impusieron por primera vez topes a los intereses.»
— Carlos Cuerpo, ministro de Economía (enero 2026)
Microcréditos y préstamos rápidos: lo que cambia con la nueva ley
El segmento que más atención ha recibido en la regulación es el de los créditos de alto coste. Las guías de microcréditos y MFO detallan el funcionamiento de estos productos, que el anteproyecto quiere someter a nuevos límites estrictos: un tipo de interés mensual máximo del 4% y una comisión máxima del 5%, con un tope absoluto de 30 euros. El plazo mínimo de devolución se fija en tres meses, eliminando los minicréditos de reembolso inmediato que ofrecían algunos operadores.
Según los cálculos presentados por el propio Ministerio de Economía, estos topes reducirían el coste de un microcrédito de 300 euros de los 103 euros actuales a solo 40 euros. La norma también exigiría que todos los prestamistas de crédito al consumo —incluidas las plataformas digitales y las fintech— estén autorizados y supervisados por el Banco de España. Los contratos firmados con entidades no autorizadas quedarían automáticamente nulos. Además, la publicidad ya no podrá destacar la rapidez de contratación: se establece un período mínimo de 24 horas desde que el cliente recibe la oferta hasta que puede formalizarla.
Qué viene: la ley todavía no está en vigor
El anteproyecto aprobado en enero de 2026 sigue tramitándose. El texto aún no ha pasado por el Parlamento ni ha sido publicado en el BOE, por lo que la norma completa —con los topes definitivos y la supervisión extendida— no es todavía jurídicamente vinculante. Lo que sí está vigente es el límite transitorio del 22% de TAE para las nuevas operaciones de crédito al consumo, que el Gobierno impuso mediante real decreto como medida de emergencia mientras el anteproyecto recibe el visto bueno parlamentario.
La Directiva europea UE 2023/2225 fija el 20 de noviembre de 2026 como fecha de obligatoriedad de sus medidas para los Estados miembros. Si la ley española no está publicada en el BOE antes de esa fecha, España podría incumplir el plazo de transposición. Con el saldo de créditos al consumo marcando récord cada mes, la urgencia regulatoria no ha hecho sino aumentar.
